Procuraduría lanzó alerta por nuevo POT

El organismo de control le pidió a la Alcaldía 'reflexionar' si podía expedir reforma por decreto. La decisión tomada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto, siguió levantando polémica. Este viernes se conoció una carta enviada por la Procuraduría General de la Nación al mandatario –el pasado lunes al mediodía– justo horas antes de que él decidiera estampar su firma en la nueva norma (decreto 364), que ha sido objeto de fuertes críticas de los gremios, los organismos de control y el Gobierno Nacional. (Lea: 'Hay demagogia y politiquería con el POT', dice Camacol). En un campanazo de alerta, la Procuraduría le dejó en claro al mandatario los riesgos legales que tendría la modificación del POT por decreto. (Lea: La sentencia que pondría a tambalear el POT de Petro). “Se invita a la Administración Distrital, en aras de proteger el interés colectivo, a salvaguardar el orden jurídico y el patrimonio público, a reflexionar si dentro del escenario actual el Alcalde cuenta con la facultad de adoptar el POT por decreto”, señaló el organismo de control, por intermedio del procurador delegado, Carlos Augusto Mesa Díaz. La Procuraduría aclaró que no busca entrometerse en la gestión de Petro, y que, en medio de una función preventiva, hace un llamado para que se acaten la ley y “los principios orientadores de la función administrativa”. En la carta, el procurador Mesa recordó que la Comisión del Plan del Concejo negó el proyecto de modificación del POT presentado por la Administración Distrital, y procedió a archivarlo. La ponencia negativa presentada por el concejal Miguel Uribe Turbay, del Partido Liberal, tuvo nueve votos a favor y seis en contra. Acto seguido, la Procuraduría citó jurisprudencia sobre las circunstancias en las que un mandatario puede expedir el POT por decreto. Y, en esta materia, cita una sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, que recuerda que los alcaldes están facultados para tomar esa medida si los concejos no se pronuncian frente al proyecto, luego de 90 días de haber sido radicado por las alcaldías. En el caso de Bogotá, el proyecto fue negado en la Comisión del Plan, lo que impediría que Petro lo expidiera por decreto. Además, la carta de la Procuraduría cita una sentencia del Consejo de Estado del 2010, revelada por EL TIEMPO el jueves, que va en el mismo sentido de la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. Petro ha insistido en que estaba facultado para expedir el POT y ha señalado que no hay doctrina jurídica sobre la materia. REDACCIÓN BOGOTÁ yeslan@eltiempo.com