Aunque Medellín logró reducir 30 por ciento las tutelas interpuestas por la Personería para proteger el derecho a la salud de los ciudadanos, para el personero Rodrigo Ardila, no significa que el panorama haya dejado de ser crítico. La cifra resulta de comparar lo corrido de este año con el mismo periodo del anterior. El funcionario subraya que en 2012 su despacho presentó en 7.390 tutelas en su mayoría por demora en autorización o por negación de procedimientos, asignación de citas con especialistas, dificultades en entrega de medicamentos o negación de aquellos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y por incumplimiento en atención a la población carcelaria por parte de Caprecom. Anota que, considerando toda la rama judicial, la cifra pasó de 20.000 tutelas en salud en Medellín en 2012. Con tutelas o no, cada caso es un drama para hacer valer el derecho a la salud. No más, esta semana, el profesor Melquicedeth Mosquera, permaneció m ás de 24 horas encadenado como protesta porque, según él, la Fundación Médico Preventiva no le suministra todos los medicamentos cuando los necesita. De 54 años, este docente de Educación Física en la Institución Educativa Gilberto Alzate, del barrio Aranjuez, se encadenó en la entrada de la IPS anotada, en la calle Perú, entre la Oriental y El Palo. En 2008, ya había entrado con un machete a la sede de la IPS, cansado de la misma situación. La Fundación Médico Preventiva explicó que le ha cumplido a Melquicedeth en su tratamiento y que se le ha garantizado el servicio. El Personero destaca que a través de convenios con las EPS se ha logrado bajar las tutelas, que le cuestan al Estado en promedio 800.000 pesos cada una. Justo hoy, el representante del Ministerio Público se reunirá con jueces y representantes de EPS. Sin embargo, sostiene que la solución depende de la voluntad del Gobierno en la presentación ante el Congreso de una verdadera reforma a la salud. En 2012, las Personerías reportaron ante la federación que las agrupa 12.179 acciones de tutela para proteger el derecho a la salud. Después de Medellín, que ocupó el primer puesto con el 60,7 % de los casos, siguen en la lista Manizales, con 2.732 tutelas (22,4 %); Armenia, con 998 tutelas (8,2); Neiva, con 400 tutelas (3,3), y Villavicencio, con 377 tutelas (3,1).

La autorización que le dio el Concejo de Medellín a la Alcaldía para que con 46.000 millones de pesos compre 9.499 metros cuadrados de Plaza de la Libertad, con el fin de descongestionar oficinas, avivó el debate sobre la modernización del Municipio. Estos dineros aprobados por el Concejo son parte de la reestructuración de la Administración Municipal, que fue aprobada por aquella corporación en febrero de 2012 y se viene implementando desde septiembre del mismo año. Desde que se empezó a discutir públicamente, el resideño organizacional ha suscitado críticas de quienes hablan de aumento de la burocracia y de exceso de costos, porque aunque aún no se conoce oficialmente el valor de la reeestructuración, el año pasado, concejales y funcionarios estimaban que pasaría de 40.000 millones. Y en efecto, con los 46.000 millones de Plaza de la Libertad ya se supera esa cifra. Sin embargo, quienes la defienden hablan de mayor coordinación y eficiencia en las dependencias, atención al público más ágil y durante más tiempo, y empleo decente y calidad de vida para los funcionarios y sus familias. Jesús Aníbal Echeverri, concejal del Partido de la U, sostiene que "toda administración nueva trabaja sobre el tema de burocracia y cada alcalde, como los toreros, llega con su cuadrilla". Afirma que lo que comprará el Municipio equivale al 48% del edificio de Plaza de la Libertad, pero apunta que se queda corto, pues allí no cabrán todos los servidores que hoy no están en La Alpujarra. Además, asegura que en el negocio resulta caro el metro cuadrado, pues apunta que ronda los 4’400.000 pesos. Y cuestiona que allí se adquirirá un helipuerto. "¿Para qué, si el Municipio no tiene helicóptero?" Luis Guillermo Patiño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, considera que, "en principio, es valioso cualquier tipo de modernización administrativa porque busca mejorar la productividad, pero a la ciudad le costó mucho dinero la creación de las vicealcaldías y de secretarías como la de Seguridad, que aún no cumple todos los objetivos y sigue con secretario encargado". Carlos Hernández, secretario de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, explica que la última reestructuración municipal fue en 2001 y, desde entonces, el presupuesto creció y la ciudadanía demandaba más y mejores servicios. Resalta que empresas les cobraban hasta 1.300 millones por los estudios del rediseño, pero al final salieron gratis, pues los hicieron los propios funcionarios. Al revisar cargas de trabajo, argumenta, determinaron que necesitaban 567 puestos más. La modernización, anota, se definió basada en un estudio relacionado con dimensiones del desarrollo humano. Hallaron que adentro no había una oficina que articulara la competitividad con entidades como Ruta N y Une, por lo que surgieron la Secretaría de Desarrollo Económico y la Vicealcaldía de Desarrollo Económico e Innovación. David Rodríguez, secretario de Hacienda, explica que, de los 567 cargos, más de 200 personas ya estaban en la Administración y pasaron a nuevos puestos, en tanto que un poco más de 300 eran contratistas y quedarán de planta.