'Menos de la mitad de las EPS podrían transformarse en gestoras'

El ministro de Salud defiende el proyecto de reforma aprobado por la plenaria del Senado. “Positivamente”. Así califica el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, lo logrado hasta ahora durante el proceso de reforma al sistema de salud, tras la aprobación, en plenaria del Senado, de los 98 artículos del proyecto de ley ordinaria. El Ministro es el primero en decir que la reforma ha venido cambiando y mejorando, “tanto con las audiencias públicas como con el trámite parlamentario. Es distinta al proyecto que presentamos en marzo”. Es muy consciente de las críticas que se han lanzado al proyecto desde distintas orillas, frente a lo cual ha dicho en repetidas oportunidades que ninguna reforma puede dejar a todo el mundo contento. (Lea también: Reforma de la salud: ¿qué tanto toca a los usuarios?). Buena parte de ellas se relacionan con las EPS. Pese a la promesa presidencial de eliminarlas, en el proyecto aprobado, que deberá enfrentar todavía un duro trámite en la Cámara de Representantes, éstas aparecen transformadas en gestoras de salud. Y mientras sus detractores aseguran que éstas sólo cambiarán de nombre, el Ministro es tajante en desmentirlos y en asegurar que sí habrá con ellas cambios de fondo que redundarán en mejores servicios de salud para la gente. “Mucho menos de la mitad de las EPS de hoy estarían en condiciones de transformarse en gestoras”, sostiene. Se dice que esta reforma se ocupa de aspectos financieros, que preocupan a hospitales y EPS, pero no de los usuarios… La reforma tiene un aspecto económico, pues debe lidiar con la crisis financiera que puede afectar los servicios a los usuarios. Si se sigue acumulando esta crisis, también podríamos tener crisis de prestación de servicios. Con lo avanzado hasta ahora, ¿cómo impactaría la calidad de la atención? Gracias al nuevo plan de beneficios, los pacientes con males crónicos ya no tendrán que vivir interponiendo tutelas para acceder a tratamientos; también se está buscando enfrentar la carencia de especialistas, una de las quejas más recurrentes de los usuarios. Cuando redefinimos los incentivos de las EPS, y les decimos que se tienen que preocupar por los resultados de salud de la gente, corregimos un error histórico, pues les dábamos una función de sostenibilidad, pero nada les exigíamos en términos de calidad de los servicios que le prestan al usuario; ahora les estamos diciendo a los nuevos gestores de servicios de salud que no van a poder dar impunemente un servicio de mala calidad, esto va a tener un costo financiero, esto es traer el tema de calidad y de atención del usuario al aspecto fundamental de cómo se remunera a los gestores, o EPS transformadas, ese es un tema de servicios. Sería muy fácil hacer una ley de objetivos que dijera “atienda a todos los usuarios”, pero sería una ley mentirosa, que se quedaría en los enunciados. Lo que queremos con esta reforma es arreglar el sistema, corregir algunas de las fallas estructurales, mejorar los flujos de información y de recursos, darles mejores incentivos a los gestores, tener más especialistas, un plan de salud mejor definido y que esto en conjunto redunde en mejores servicios. Se critica el hecho de que el presidente Santos prometió una reforma que eliminara a las EPS, en lugar de eso se transforman y siguen manejando recursos… El tema de la transformación de las EPS se nos volvió un debate semántico; hay que poner énfasis en asuntos de fondo. Sí cambian: ya no manejarán recursos, recibirán incentivos a partir de los resultados de salud de su población, van a tener controles, se limitará la integración vertical... Cada quien juzgará si son cambios de fondo o no; para nosotros sí lo son y van a redundar en una mejor calidad del servicio. ¿Cuántas EPS cumplirían hoy los requisitos para transformarse en gestoras? Hay más de sesenta EPS en los dos regímenes… Y la verdad, mucho menos de la mitad estarían en condiciones de transformarse en gestoras. Como las gestoras contratarán con sus hospitales en los niveles básicos, existe el riesgo de que eviten remitirlos a niveles más complejos, para facturar más con ellos… Que detengan a los pacientes (en sus hospitales) puede ser un riesgo, pero tenemos todos los otros instrumentos de medición de resultados; es una posibilidad, pero nos ordena el tema de cómo entran los pacientes al sistema, pues los críticos dicen que uno de los grandes problemas del sistema es la congestión de las salas de urgencia. No tener oferta suficiente en esos primeros niveles, es un riesgo mayor. Que el sistema asuma las deudas de EPS en crisis profundas, como Caprecom, o liquidadas, como Solsalud, con los hospitales, suena a premio… Caprecom es una EPS pública y el Estado es subsidiario de esas deudas; no vamos a asumir las deudas de Solsalud, seguirán los juicios fiscales, disciplinarios y penales para los responsables. Sin embargo, no podemos, de buenas a primeras, cruzarnos de brazos ante el hecho de que les quedó debiendo 450.000 millones de pesos a los hospitales, sobre todo a los públicos. Como sociedad tenemos que decir que vale la pena salvar a los hospitales; decir que por eso estamos salvando EPS o cubriéndolas, es malintencionado. ¿Estará blindado el Fondo Salud Mía de burocracia y politiquería? Tiene que estar blindado. No se puede ver como una entidad que capturarán los políticos con un montón de regionales, como Caprecom. El Fondo no será ‘supercaprecom’, es una tesorería centralizada del sistema que nos va ayudar a recaudar y afiliar y va a tener pagos y giros directos a hospitales, como se hace hoy en el régimen subsidiado. Va a facilitar todos los temas de flujos de información y recursos al sistema. Con Mi Plan los pacientes ya no estarán limitados a un listado como el POS. ¿Cómo cambia su situación con este plan integral? Contrario a lo que han dicho voceros de los pacientes, no se están restringiendo los servicios. Para que se entienda: vamos a sumar al POS todo lo que ha sido históricamente recobrado al sistema, porque no era parte de ese listado. Mejor dicho: Mi Plan suma POS y no POS. Se excluirá todo aquello que no esté soportado por evidencia científica, lo suntuario, los servicios que tienen que prestarse fuera del país, lo que carezca de registro sanitario, lo que sea experimental… Eso ya había quedado expreso en la Ley Estatutaria. Con la ley ordinaria vamos a generar un mecanismo para que esas exclusiones o criterios se materialicen en decisiones específicas. ¿Es cierto que se eliminarán las autorizaciones que tienen que tramitar los pacientes para acceder a los servicios? Las autorizaciones para urgencias fueron eliminadas desde la Ley Estatutaria; si a eso se suma esta ampliación del plan de beneficios y la mejoría sistemática del sistema, tendrá que acabarse la necesidad de tutelas. Se eliminarán los copagos y las cuotas moderadores para los pensionados con menos de dos salarios mínimos, pero mi intención en la Cámara es lograr que esto cobije a todos los pensionados. ¿Qué organismo se encargará de definir cuáles son las exclusiones? Básicamente nos ayudarán el Instituto de Evaluación de Tecnologías, el Invima, las Sociedades Científicas, las asociaciones de pacientes… Hay un proceso de participación legítimo, pero el que toma la decisión es el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el diagnóstico real en torno a la carencia de especialistas? Este gremio insiste en que no es cierto que haya sobreoferta o carencia de estos profesionales, sino mala distribución… Hay una distribución complicada, pero también es cierto que faltan especialistas; hoy contamos con apenas 7.500 para las especialidades básicas de pediatría, medicina interna ginecoobstetricia, cirugía general y medicina familiar. ¿Y formar más médicos especialistas sí resuelve el problema? No por completo, pues todos podrían acabar concentrándose en Bogotá, por ejemplo. El 50 por ciento de los urólogos están en la capital, pero si tenemos más, eso obligará a algunos a buscar otros mercados. Hay que sumar un problema real que afecta la sostenibilidad del sistema: un anestesiólogo en Purificación (Tolima) gana más de 30 millones de pesos; los radiólogos y urólogos ganan entre 20 y 25 millones de pesos, y un oncólogo clínico puede ganar 100 millones de pesos… Y ellos dicen que la salud no es un negocio. Eso es paradójico. La propuesta es formarlos en hospitales universitarios. ¿Cuántos, en un sistema hospitalario en crisis, están en capacidad de hacerlo con calidad? Este tema, que preocupa a las universidades, lo estamos mirando con cuidado… Insisten en que esa formación se haga dentro del sistema universitario, pero lo que sí les vamos a pedir es que, si quieren que esto se haga de otra manera, nos presenten una propuesta clara de cómo aumentar cupos de especialistas, que no puede ser solo quitar artículos y que sigamos como estamos; eso es inconveniente e indefendible. En cuanto a los hospitales en capacidad de formar especialistas de calidad, hay unos 10 ó 15 que podrían estar en capacidad de formarlos. En la eventualidad de que la reforma pase, ¿habrá corte de cuentas con EPS? ¿Se liquidará lo que no funcione? Esa es la razón por la cual necesitamos despejar este tema financiero, para aislar el pasado y luego de eso ser estrictos con aquellas que haya que transformar en gestoras. Y no todas van a poder hacerlo, sólo las buenas. Cualquier reforma debe ser capaz de conservar lo bueno y dejar atrás lo malo. Sumar donde hay que sumar y restar donde hay que restar, y eso es lo que se quiere hacer con esta reforma. REDACCIÓN SALUD