martes, 24 de septiembre de 2013
CPI está dispuesta a contribuir al proceso de paz en Colombia, según Santos
La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, manifestó hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, su disposición a contribuir con el proceso de paz de su Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el Ejecutivo.
Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/ArchivoFiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/Archivo
Desde Nueva York, donde participa en las sesiones de la 68 Asamblea General de la ONU, Santos señaló que la fiscal, que ha cuestionado las leyes de la justicia transicional del Gobierno para la desmovilización de los grupos guerrilleros por considerar que pueden abrir una puerta a la impunidad, le expresó que sus preocupaciones buscan ayudar al proceso.
“La fiscal me dijo que interpretara todo lo que la Corte podía hacer como una contribución al proceso de paz, que ella estaba para eso, para contribuir al proceso”, manifestó el presidente, según informó la Casa de Nariño.
Según Santos, la fiscal de la CPI reconoció que Colombia tiene autonomía para proceder en las negociaciones de paz, pero “respetando los compromisos tanto nacionales como internacionales”.
Santos ha dicho en varias oportunidades que la Justicia internacional no puede ser un obstáculo para la paz y ha asegurado que el país no va a ignorar a las víctimas y la verdad si logra poner fin al conflicto armado.
En su discurso de hoy en la ONU, el mandatario planteó a la comunidad internacional que se respete el derecho de Colombia a buscar la paz.
“Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas, y confiando en que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional”, afirmó.
El gobernante explicó que la obligación del Estado colombiano “va más allá de la atención a las víctimas del pasado”, porque “nuestra obligación más urgente hoy es evitar que se produzcan nuevas víctimas; es acabar este conflicto ya, para que el ciclo de violencia y de dolor no se siga repitiendo”.
La CPI ha hecho advertencias de que la suspensión total de las penas a los responsables de crímenes del conflicto armado colombiano equivaldría a un perdón y podría ir en contra del Estatuto de Roma.
Dicho estatuto, que fue promulgado en julio de 1998 y ratificado por Colombia en agosto de 2002, instituyó la CPI con el propósito de poner fin a la impunidad en crímenes atroces contra la humanidad y contribuir a prevenirlos en el futuro.
Entre las competencias de la CPI están las de juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, siempre y cuando la Justicia nacional no lo haga.
El pasado 28 de agosto, la Corte Constitucional de Colombia avaló el Marco Jurídico para la Paz, que busca regular procesos de desmovilización y su eventual aplicación si el Gobierno y las FARC firman en La Habana un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.
Organizaciones de derechos humanos han criticado el Marco Jurídico para la Paz porque consideran que algunas expresiones del texto pueden dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto queden en la impunidad. Bogotá, 24 sep (EFE)
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